A partir de hoy están prohibidas las operaciones en efectivo de más de 2.500 euros cuando en ellas intervenga un empresario. Esta limitación está incluida en la ley de lucha contra el fraude aprobada el pasado 30 de octubre. La norma dejaba 20 días de plazo a los empresarios y pequeños comercios para que se adaptaran a la nueva obligación.

El Gobierno ha prohibido las operaciones en efectivo de más de 2.500 euros para tratar de limitar la evasión de impuestos siguiendo la experiencia de otros países como Francia e Italia. La limitación no afecta a los pagos e ingresos realizados con bancos y entidades de crédito. La Ley antifraude reduce la limitación hasta 15.000 euros para extranjeros para favorecer el sector turístico.

Quienes incumplan esta obligación se enfrentan a multas de hasta el 25% del pago en efectivo que será satisfecha de forma solidaria tanto por el pagador como por el cobrador. Se permite de esta forma que el fisco pueda reclamar la multa a cualquiera de los dos intervinientes. La nueva Ley antifraude establece que se deberán guardar los resguardos y recibos de pago durante cinco años para justificar que no se realizaron en efectivo.

En realidad, el Gobierno confía en la buena voluntad de los particulares porque resulta imposible controlar todas las operaciones en efectivo. Por eso, Hacienda ha incluido un artículo en la norma para favorecer al delator. De ese modo, quien participe en una de estas operaciones y la denuncie a la Agencia Tributaria estará exonerado de culpa siempre que no hayan pasado más de tres meses desde el pago. La Agencia Tributaria ha puesto a disposición de los contribuyentes un espacio en su página web, en funcionamiento desde hoy, para tramitar las denuncias.